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La Mesa del Tabaco rechaza que se cuestione la posición de liderazgo de España dentro de la UE en políticas para el control del tabaco

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La legislación española frente al tabaco es una de las más restrictivas de Europa y así queda reflejado en informes de organismos internacionales

Transcurridos diez años de la modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, España está a la cabeza de la Unión Europea en el control del tabaco. Nuestro país se sitúa hoy por encima de la media europea derivado de una ya muy restrictiva legislación nacional, a la que se suman las medidas previstas en la Directiva de Productos del Tabaco (TPD2), que está todavía en fase de implantación en los Estados miembros. 
 
El Informe MPOWER elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 -último dato disponible- sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor cumplimiento de las medidas de control del tabaco. Por otro lado, el ranking Tobacco Control Scale (TCS), que elabora la Asociación Europea contra el Cáncer, sitúa a España entre los 10 primeros países europeos en medidas para el control del tabaco entre un total de 36 países, según su última edición publicada en febrero de 2020. Estos estudios internacionales corroboran que la regulación del tabaco en España es una de las más altas de la Unión Europea, aunque se trate de cuestionar su posición.
 
Además, el último Eurobarómetro disponible (2017), indica que la prevalencia de consumo de tabaco en España se ha reducido en 6 puntos porcentuales desde 2006, estando entre los 12 países que en la última encuesta han reducido su tasa de consumo (frente a otros 15 países donde la tasa sube). Según esta encuesta, la tasa de fumadores en España es del 28%, muy por debajo de países como Francia, que presenta una tasa del 36%, aunque es el país continental de Europa que más medidas antitabaco ha adoptado.

Es importante valorar el contexto antes de avanzar en la regulación, pues en un marco de sobrerregulación como el actual aplicar más prohibiciones puede tener un efecto contrario al objetivo pretendido y deberían explorarse otros caminos“, señaló Águeda García-Agulló, presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco. En opinión del sector, es necesario apostar por políticas basadas en la información de los consumidores, que a su vez son aquéllas que permiten garantizar la protección de los derechos individuales de los ciudadanos y su capacidad de decisión.
 

Protección de la salud y protección de una industria nacional

La Mesa del Tabaco cree firmemente que la necesaria, e irrenunciable, protección de la salud de todos los ciudadanos -en especial de nuestros menores, así como de los derechos del no fumador- son compatibles con la protección de una industria nacional altamente regulada que genera empleo, riqueza y desarrollo territorial, innovación y dinamismo económico. Entre las diversas medidas para el control de tabaco, está el sistema de venta regulada a través de los estancos, el cual garantiza que los menores no acceden a los productos del tabaco.
 
En este sentido, es importante destacar la solidez y extensión de la cadena de valor del sector del tabaco en España. Una industria que aglutina agricultura, distribución mayorista, industria, estancos y fabricación de máquinas expendedoras. Así, el conjunto del sector genera en España 43.000 empleos, es fuente de atracción de talento cualificado, innovación y sostenibilidad ambiental, así como una herramienta eficaz frente a la despoblación puesto que de su actividad dependen más de 3.000 familias en zonas rurales, según datos del Informe sobre la contribución económica y social del sector de tabaco y tendencias en el marco regulatorio del sector.
 
Fundada en 2011, la Mesa del Tabaco es una agrupación en la que está representado el conjunto del sector español del tabaco: agricultores, transformadores, industria, mayoristas, fabricantes de máquinas expendedoras, estancos, además de la CEOE y las federaciones industriales y agroalimentarias de UGT y CC.OO.
 

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